La estimación es del Instituto de Investigación de Servicios Públicos de la UNC. El monto permitiría que la oferta responda a la demanda con calidad y en cantidad. Graves problemas de regulación en Argentina.

Por Gabriela Origlia

En verano hay cortes de luz; en invierno, de gas; las comunicaciones por teléfonos móviles que se logran sin problemas son milagro…son sólo algunos de los problemas en los servicios públicos a los que los argentinos se enfrentan diariamente. No sólo no se resuelven sino que, en general, se profundizan. El tema deberá –obligatoriamente- integrar la agenda del próximo Gobierno. No sólo por la insatisfacción que genera sino porque el impacto en el presupuesto público es crucial (US$ 8 mil millones sólo para importar energía). Para recuperar calidad la inversión en el sector debería ser entre cinco y seis por ciento del PBI. La estimación es del economista José Rodríguez, integrante del Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi) de la UNC.

Durante una charla con periodistas algunos de los referentes Iispi analizaron los diferentes aspectos que deberían coordinarse para que los servicios públicos se presten de manera tal de no ser una carga para las cuentas públicas y, además, cumplan con estándares de calidad medios. Hoy, en la Argentina, la mayoría de esos puntos no se cumplen; la clave está en que no hay un marco institucional adecuado. A diferencia de otros sectores, éste no se puede dejar funcionar libremente, requiere de un esquema adecuado para que el juego entre los diferentes actores sea equilibrado.

“No importa si el esquema económico es liberal o socialista, hay objetivos básicos que se deben cumplir para el beneficio de todos”, planteó Francisco Delgadino, director del Iispi. Son la sostenibilidad económica y financiera (si no se da y la prestación es privada, se deja de invertir y, si es pública, la carga pasa al presupuesto estatal); la eficiencia (los precios deben reflejar los costos), y la accesibilidad (relacionada con la equidad). Delgadino insistió en que, además, las prestaciones deben estar alineadas con otros aspectos como el desarrollo territorial.
Los técnicos insistieron en que siempre existen inconsistencias y conflictos, pero debe ser el marco regulador y el ente que lo hace cumplir el que debe resolverlos. Por ejemplo, en el caso de la accesibilidad si hay decisión política de que la prestación debe llegar a sectores que no pueden pagarla hay que definir claramente cómo se financiará. Las opciones básicas, comentó Rodríguez, son tres: subsidios, tarifas más altas para el resto o empobrecimiento de la calidad para todos. El problema es que en el país pasa todo junto.

Rodríguez subrayó que las tarifas tienen tres componentes básicos: costos operativos, de mantenimiento y de inversión. Si el costo de capital no está contemplado en el precio serán los usuarios futuros el que terminen pagándolo con una peor calidad de la prestación.

En buena medida es lo que pasó durante la última década en la Argentina. La decisión política de ofrecer tarifas bajas (y sacar rédito de esa resolución) obligará a un ajuste importante porque la infraestructura ya no da abasto. Nadie invierte sino puede recuperar ese capital. Si las reglas de juego no se mantienen esos recursos no se ponen y, con el tiempo, los procesos empeoran y es el usuario el que lo siente.

Durante la reunión, hubo un repaso de las diferentes etapas que atravesó la Argentina en lo que hace a los marcos de funcionamiento de los servicios públicos. Hasta los ’90 predominó el modelo de la inversión pública que no era poca (2,8% promedio del PBI anual) sino ineficiente. En el ’89 el rojo de las empresas estatales consumía el 5,5% del PBI.

En los ’90 la situación mejoró, aunque con heterogeneidad sectorial; se generaron marcos regulatorios y organismos de aplicación y se incorporó capital privado. “No funcionó porque los contratos eran demasiado ambiciosos e incorporaban todos los riesgos y se dieron todos”, resumió Rodríguez.

Desde la salida de la Convertibilidad nunca se redefinió el esquema. Las empresas prestatarias terminaron demandando en el Ciadi al país ya que las indexaciones tarifarias fueron parciales y se buscó distinguir entre inversiones “viejas” (el Gobierno planteó que no se iban a recuperar) y “nuevas” (se le permitiría la recuperación. Pero, quién lo creía si no se cumplía lo que ya estaba). En la última década el Estado se incorporó fuerte como prestador.

Desde el Iispi recalcaron que no hay margen para que el próximo Gobierno siga sin abordar la problemática. Instaron a hacerlo fijando reglas claras que se mantengan en el tiempo que impidan abusos tanto del sector público como del privado. Una de los ejes es que los organismos de control gocen de independencia para efectuar sus observaciones, que cuenten con información completa sobre el área que regula y que incluya técnicos.

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